Justicia y paz social

Paula   Ávalos

En el año 2010 se reanudaron los juicios a los represores de la última dictadura militar en Argentina. Las investigaciones y enjuiciamientos hacia los implicados habían comenzado durante el  primer gobierno democrático presidido por el radical Raúl Alfonsin, con la idea de eliminar cualquier ideología relacionada con este tipo de gobierno autoritario e intentar recuperar la paz social.

Durante este año se realizaron varios juicios orales y públicos en distintos puntos del país. En San Rafael, Mendoza fueron siete los acusados por la desaparición de cuatro personas de esa localidad, Los imputados eran: el Coronel del Ejército Aníbal Alberto Guevara, los policías Raúl Alberto Ruiz Soppe, Juan Roberto Labarta y el comisario retirado José Martín Musiere, a quienes se los señaló por privación ilegítima de la libertad de 4 militantes peronistas. Dentro de éste también se juzgo a Cristóbal Ruiz Pozzo, médico de la Policía, y Raúl Egea Bernal, abogado de la Policía, acusados de falsedad de material de instrumento público. 

Otra de las causas judiciales fue llevada a cabo en los tribunales de Retiro con el propósito de juzgar a ex represores que habían actuado en la Escuela de Mecánica de la Armada. Dentro de los dieciséis acusados se destacaron el ex capitán de fragata Alfredo Astiz, Adolfo Miguel Donda Tiguel, Carlos Antonio Capdevilla, Jorge Eduardo Tigre Acosta, Ricardo Miguel Sérpico Cavallo, Raúl Scheller, Juan Carlos Rolón, Pablo García Velasco, Julio Coronel (ejército) y el almirante Oscar Montes, ex canciller de la dictadura.La provincia de Córdoba también se encargó de llevar a la justicia a sus represores, entre quienes se encontraba los ex militares Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez y otros 30 acusados de cometer delitos de lesa humanidad.

El 2011 también fue un gran protagonista en cuanto a justicia y castigo a los encargados de torturar, matar y secuestrar a miles de argentinos. Seis procesos por delitos de lesa humanidad fueron  penados durante ese año en tres provincias y Capital federal. En dicho distrito, en el marco de la causa conocida como "Plan Sistemático”, los dictadores Jorge Videla y Reynaldo Bignone fueron juzgados por 33 casos de apropiación de menores, junto con Santiago Omar Riveros, Jorge Eduardo Acosta, Antonio Vañek y Rubén Oscar Franco, por los delitos de sustracción, retención, ocultación y sustitución de identidad de menores de 10 años. En el mismo debate se juzgó a Juan Antonio Azic, acusado como responsable directo por la sustracción de la actual diputada nacional María Victoria Donda. También fueron juzgados Juan Fernando Meneghini, quien se desempeñó como comisario en la seccional primera de la localidad de Escobar, y Martín Rodríguez, quien ocupo el cargo de oficial de inteligencia del Primer Cuerpo del Ejército, en Campo de Mayo.

En la provincia de Salta se llevó a juicio Oral y público a Luciano Benjamín Menéndez, ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, junto a otros siete acusados. Con él fueron procesados Carlos Alberto Mulhall, ex jefe del Ejército en Salta Miguel Gentil, ex jefe de la Policía de Salta Joaquín Guil, ex jefe de Seguridad de la Policía Jorge Héctor Zanetto, ex vocero de la Triple A, y los ex policías Andrés del Valle Soraire, Pedro Javier Herrera y Raúl Nelson Herrera. En la provincia de Mendoza se procesaron a ocho represores con un total de diecinueve causas, intentando esclarecer el crimen de Francisco Paco Urondo. En Rosario, se continuó la mega causa denominada Diaz Bessone, la cual implica 91 victimas y en la que declararon ciento sesenta personas.Allí se procesaron a seis personas por distintos delitos que van desde asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidios reiterados. 

Durante el inicio del 2012 se desarrolló el juicio a cuatro represores en la provincia de Misiones,  En el banquillo estuvieron los policías Carlos Omar Herrero, Felipe Nicolás Giménez, Guillermo Roque Mendoza, Julio Argentino Amarilla y Carlos Alberto Pombo. Los individuos fueron acusados de privaciones ilegítimas de la libertad agravada y aplicación de tormentos agravados en 42 hechos, cabe aclarar que en este proceso no se juzgaron desapariciones ni asesinatos